Enviado por: Lidia Liliana López Sánchez
Giovanni Sartori fue contundente: la Reforma del Estado en México no va. Concretarla en un año, dijo, "sería un récord y ameritaría una medalla olímpica". La respuesta a la crítica no se hizo esperar. Se le tildó de pesimista y amargado. Pero no hay duda. Al politólogo florentino le sobra razón. Los acuerdos no se pueden alcanzar por decreto ni aquí ni en China; bueno, me corrijo: en China, sí.
A continuación enumero 10 condiciones -todas acordes al sentido común y la experiencia- para que prospere una iniciativa de reforma.
A continuación enumero 10 condiciones -todas acordes al sentido común y la experiencia- para que prospere una iniciativa de reforma.
1) Se deben fijar objetivos claros y precisos. Entre más grandilocuente sea la etiqueta que preside las negociaciones, mayor riesgo de confusión y ruido. La noción de la Reforma del Estado, que acuñó en una delirante tarde de verano Porfirio Muñoz Ledo, es una contradicción en el término. Ningún Estado se reforma de una vez y para siempre. Ese temple es más revolucionario que gradualista. Las reformas, por ser reformas, son siempre paulatinas y particulares. Tampoco ayuda anunciar tal objetivo con bombo y platillo y mucho menos sirve ponerle plazos perentorios.
2) Deben establecerse prioridades. En todo orden hay una multitud de instituciones y leyes que se deben reformar. Pero no se pueden abordar esas tareas al mismo tiempo. Sin jerarquías, los esfuerzos se dispersan y los acuerdos que se alcanzan se limitan a listados de buenas intenciones. Ya lo dice el dicho: El que mucho abarca poco aprieta. La inteligencia y la habilidad de un reformador se miden, justamente, por la elección de una materia y la exclusión de otras.
3) No debe perderse el tiempo en la búsqueda de absurdos consensos. La esencia de la democracia es el gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías. Por eso las constituciones de todos los regímenes democráticos establecen mayorías simples (50 por ciento más uno) o compuestas (dos tercios) para aprobar leyes o enmendar la Carta Magna. Los consensos, por lo demás, no son garantía de racionalidad ni eficacia.
4) Hay que saber distinguir a los interlocutores. No tiene sentido sentar a todos en una mesa de negociaciones para hablar de todo. Cualquier proyecto de reforma define por sí mismo los campos. Es indispensable, por lo tanto, identificar y clasificar al resto de los actores: a) los aliados ciertos con los que hay que negociar en primera instancia porque se sabe que hay convergencia de principio; b) los aliados probables que no tienen una posición definida y que en algún momento de la negociación podrían ser persuadidos; c) los enemigos irreductibles con los que no existe posibilidad de alcanzar acuerdos.
5) Los tiempos y movimientos de un proceso de reforma son muy importantes. Con los aliados ciertos hay que iniciar las negociaciones y alcanzar acuerdos en una lógica de toma y daca. Más aún si esos aliados ciertos garantizan por sí mismos una mayoría simple o compuesta en las Cámaras de senadores y diputados. A los aliados potenciales hay que buscarlos una vez que concluyó la fase anterior. Finalmente, a los enemigos irreductibles hay que enfrentarlos hasta el momento en que la iniciativa se haga pública, en el entendido que jamás habrá margen para un acuerdo.
6) Hay que evitar, por norma, la formación de comisiones para que elaboren las iniciativas de reforma; pero si, además, esas comisiones se integran de manera paritaria hay que ponerles las cruces y exorcizarlas. La vieja sentencia burocrática lo establece con claridad: las únicas comisiones que funcionan son las de tres miembros... siempre y cuando uno de ellos esté enfermo y el otro se encuentre de vacaciones. El trabajo de elaboración de una iniciativa y de negociación con otra fuerza o fuerzas debe recaer en una sola persona. Si ese personaje es el presidente de la República o el líder de un partido tanto mejor.
7) Las relaciones con otras fuerzas políticas deben ajustarse a la misma norma. Se debe buscar un interlocutor con quien negociar y alcanzar acuerdos. El grado de eficiencia de un proceso de negociación es inversamente proporcional al número de personas que intervienen en él. Poco importa que todos ellos concurran en representación de un solo partido. Si esa condición no se alcanza es porque se ha elegido mal al interlocutor o porque no existe un liderazgo efectivo en el partido en cuestión. En cualquiera de esos supuestos, la probabilidad de alcanzar acuerdos se reduce enormemente.
8) Entre más discreto y restringido sea el trabajo de negociación, mejor. Abrirlo al público y a los medios complica las cosas innecesariamente. Sobre todo si se está en la etapa inicial de las negociaciones. Las consultas abiertas a la ciudadanía suenan bien, pero su utilidad suele ser dudosa. Terminan siendo listados de buenas intenciones de organismos o personajes de la sociedad civil que no tienen representación. Sin embargo, hay excepciones. Menciono un caso notable: la ley de transparencia federal. El principio que enuncio rige para temas que polarizan el debate y sobre los que es imposible alcanzar acuerdos. Vale, como ejemplo, la reciente reforma del ISSSTE, que fue condenada tajantemente, sin argumentos, por el PRD.
9) Una vez que el contenido de las reformas ha sido definido y acordado se le debe procesar rápidamente en comisiones y en el pleno de ambas Cámaras. Descalificar este procedimiento como una forma de "mayoriteo" antidemocrático, es simplista. Sobre todo porque en nuestro régimen político existe y funciona la disciplina partidista en el Congreso. Los casos de diputados que han votado al margen de sus bancadas son excepcionales y se pueden contar con los dedos de la mano. Amén de que la radicalización de la izquierda perredista reduce las probabilidades de alcanzar acuerdos. Vale apuntar, sin embargo, que hay temas excepcionales en los que el consenso y el acuerdo prevalecen. Este fue el caso de la reciente despenalización del delito de difamación. Pero en este ámbito, como en otros, una golondrina no hace verano.
10) En el momento en que la iniciativa se haga pública, los partidos que la impulsan y el gobierno, si es el caso, deben emprender una batalla en los medios de comunicación. Batalla que no pueden perder, so pena, de que la reforma nazca deslegitimada. Este debate es de vital importancia para todo el proceso democrático. Es el momento en que el ciudadano tiene la oportunidad de escuchar los puntos de vista contrapuestos y formarse una opinión acerca de la nueva legislación. Con un añadido elemental: las mayorías no siempre tienen la razón ni la razón gana siempre la simpatía de los ciudadanos.
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